Los vigilantes de los edificios públicos de Madrid, en pie de guerra porque no les pagan
Denuncian retrasos en los pagos de la empresa Magasegur, contratada por la Comunidad de Madrid, y amenazan con huelgas y concentraciones de protestas en las sedes de las consejerías
ROBERTO R. BALLESTEROS 16.10.2015 – 05:00 H.
Los casi 300 vigilantes privados que trabajan para la empresa Magasegur controlando la seguridad de edificios públicos de la Comunidad de Madridacumulan retrasos de meses en sus nóminas y nunca cobran a tiempo. Así lo denuncian desde el Secretario Libre de Seguridad, que prevén realizar protestas y huelgas para reclamar las cantidades que la empresa Magasegur, subcontratada por el Gobierno de Cristina Cifuentes, les adeuda.
Los agentes privados vigilan todas las oficinas del Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma y varias consejerías del Gobierno regional, pero la empresa para la que trabajan les debe importantes cantidades -en algunos casos llegan a 4.000 euros por barba- a pesar de que ya la Audiencia Nacional les ordenó ponerse al día en la sentencia del pasado 25 de marzo, que anulaba el convenio de la empresa y, por lo tanto, les obligaba a asumir el más favorable, el convenio estatal.
Según el secretario general del Sindicato Libre de Seguridad, Rafael Saldaña, la culpa de todo está en que la Administración contrata los servicios con empresas que se descuelgan del convenio del sector. “Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Madrid deben recoger como requisito para la contratación pública que las empresas paguen puntualmente sus salarios y se adhieran al convenio colectivo”, exige el representante sindical.
Los vigilantes planean convocar una concentración masiva el próximo 20 de octubre frente a una de las consejerías autonómicas que los trabajadores tienen asignadas. Su futuro, por lo tanto, se torna aún más negro, sobre todo después de que el Ayuntamiento de Madrid admitiera estar estudiando la posibilidad de conmutar vigilantes por policías municipales.
La iniciativa del consistorio, sin embargo, se encontró con la oposición de los propios vigilantes -que calcularon que la medida triplicaría el gasto en seguridad- e incluso de gran parte del colectivo de la Policía Municipal, que la tachó de poco realista al requerir que un buen grupo de funcionarios tuvieran que dejar sus actuales tareas para pasar a cubrir las vacantes de los vigilantes.
