domingo, 27 de abril de 2014

1 de Mayo


1º DE MAYO AGRUPÉMONOS TODOS EN LA DERROTA FINAL

Era gente bragada. Hombres curtidos en el estoicismo, esa viejísima corriente filosófica que suele aprenderse en las cátedras de la supervivencia. Mujeres que no sólo reclamaban pan, sino también rosas. Niños de Charles Dickens esclavizados por las máquinas de vapor y los avarientos Ebenezer Scrooge. No tenían nada que perder, aunque tampoco esperaban ganar demasiado, salvo que una revolución les agrupase en la lucha final y el mundo cambiara de base. Era esa muchedumbre que aparece en el dibujo de Giusseppe Pelliza da Volpedo que Bernardo Bertolucci utilizó como cartel para su película “Novecento”, esa formidable epopeya que resume la lucha y la derrota de quienes no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.

¿Dónde está esa gente? Quedan algunos restos de ese ejército de manos vacías y puños cerrados. Suelen sumarse a las mareas cívicas y, cada primero de mayo, a las manifestaciones de ese target social que antiguamente se llamaba clase trabajadora y que iba mucho más allá de las manifestaciones del sindicato vertical y de la Sección Femenina, el día de José Artesano, en el estadio Santiago Bernabeu. Volvemos, en cierto modo, al punto de partida. Hoy, los sindicatos no están prohibidos como bajo la dictadura, pero están mal vistos, lo que es peor. Las encuestas suelen arrojar sobre las centrales sindicales la misma sombra de sospecha que sobre los restantes poderes. Lo sorprendente es que la mayor parte de quienes desconfían de dichas siglas, jamás se afiliaron a ellas.

En España, pasamos de la afiliación obligatoria al Sindicato Vertical al gratis total que tan sólo incluía una pequeña cuota de alta en caso de que recurrieras al sindicalista de turno para que te sacase las castañas del fuego o te defendiera ante magistratura. Nadie se sentía obligado a retratarse en la caja común de esa izquierda laboral: muy al contrario de aquellos sindicalistas del pasado que sacrificaban incluso el pan de cada día por mantener las viejas estructuras decimonónicas de la CNT o de la UGT, porque sabían que bajo dicho paraguas iban a encontrar respaldo cuando las cosas viniesen mal dadas. ¿Quién iba a sentirse concernido por el sindicalismo, durante la transición, si siempre que se le necesitara estaba allí, como una ventanilla de servicio público que apenas exigía nada por nuestra parte? Los poderes subvencionaron a muchas de dichas organizaciones, les incorporaron a concertaciones sociales y les brindaron la posibilidad de financiarse a través de cursos de formación y otros albures que ahora se ponen en cuestión ante los tribunales. Era una manera de garantizar la paz social, pero también era una forma de domesticarles. De domesticarnos. Caben excepciones, claro: ni faltó quien se negó a entrar en la rueda ni quien no pudo hacerlo aunque lo hubiera querido.

Los que se ganan el pan con el sudor de su frente, con independencia de las centrales mencionadas, de CCOO, de UGT o de muchas otras que aún perduran, llegan huérfanos al próximo Primero de Mayo de 2014; desarbolados como la flota de Narváez frente a las costas de la Florida y como el Barça sin Tito Vilanova. Los sindicatos salen a la calle porque es su deber, pero con su cara de yo no fui, con rostros de culpables por un crimen que ni ellos mismos se perdonan pero que probablemente no sea tan grave como otros, protagonizados por empresarios, bancos y trasnacionales, de los que sólo se habla con la boca chica y no a toda plana ni a todo telediario.

¿Y el resto de los currantes? ¿Nadie tiene arrestos para regenerar la vida sindical, para elegir la central que quieran entre toda la gama existente, o crear nuevas formaciones que sean capaces de regenerar la representación obrera? “Todos son iguales”, se dirán muchos. Hemos cambiado, en los dos últimos siglos, del estoicismo obrero al nihilismo pequeño-burgués. Haremos las maletas del puente o prepararemos el pic-nic por si hace buen día. Así arrecien ahí afuera las reformas laborales, poden los convenios colectivos, mengüen los salarios y los derechos sociales, nos cierren las puertas de la enseñanza superior, nos arrebaten el concepto de salud universal, pública y financiada con los impuestos. La culpa, diremos, las tienen los otros, aquellos en los que delegamos cómodamente el peso de nuestras pancartas, la ira de nuestra rabia, nuestras demandas de justicia. Somos los vecinos mirones que seguimos en el balcón, viendo pasar a los manifestantes, como si el cambio de la historia no nos concerniese. Quizá sea cierto. En el fondo, ya no aspiramos al bien común sino al provecho propio. Nuestra utopía ya no se llama Icaria sino la cultura del pelotazo, la de toma el dinero y corre, la del ande yo caliente y ríase la gente. Así, andando el tiempo, el Primero de Mayo será tan sólo una bandera rota sobre la plaza mayor del capitalismo salvaje.

Más allá de aquel célebre cartel, recuerdo una frase ambigua de la película “Novecento”: “Es que cuando un hombre no hace nada en toda su vida, tiene mucho tiempo libre para pensar, y a fuerza de pensar al final se vuelve medio tonto”. Nosotros quizás nos hayamos vuelto idiotas justo por lo contrario.

Juan José Téllez – Vía PUBLICO

 

viernes, 25 de abril de 2014

Los amos de los guardianes


LOS AMOS DE LOS GUARDIANES – QUIEN ES QUIEN EN EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA.

 

Fuente: elmundo.es – Blogs – Billonarios – 22 Abril 2014

A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco..., a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.

En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.

Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los manitas de los centros de enseñanza... se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de video vigilancia, escáneres..., a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las googleglass.

El negocio de la seguridad crece en una sociedad que cada vez le concede más atribuciones. Este mes, el Gobierno ha aprobado una Ley que permite a los jurados patrullar por las calles, detener a sospechosos y pedirles los datos o vigilar a presos, así como ayudar a la policía en el ejercicio de su función pública (todo un aviso a patrullantes).

"Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos". No es el eslogan de Securitas, sino el preámbulo de la reciente norma, votada por PP, CiU y PNV, y celebrada por el sector. Y ya se sabe que cuando una patronal abraza una ley, algo nuestro se quema.

A diferencia de un cuerpo del Estado, crear y mantener una empresa de seguridad no presenta complicaciones. Una oficina, un registro, uniformes, taquillas... De hecho, la mayoría de las empresas del sector (72%) no llega a 20 empleados. Que prospere suele tener que ver con las relaciones de sus directivos y consejeros con el poder y otros empresarios. No en vano, ahí está la ristra de políticos y ex políticos, y familiares de estos, que circulan habitualmente por sus consejos de administración.

Y así, una docena de empresas se reparten el 70% del negocio que genera el sector en España. He aquí algunos de sus principales propietarios y beneficiarios.

* Helena Revoredo Delvecchio. Enviudó en 1997 de Herberto Gut, uno de los fundadores de Prosegur, donde ejerce como presidenta y socia principal (50,2%). También es consejera y accionista del Banco Popular (tiene el 0,111%) y de Mediaset. Prosegur es la primera compañía del sector (147.300 empleados), que en cuatro años ha duplicado su facturación hasta los 3.700 millones de euros. Conservadora y religiosa, Revoredo, invierte además en artes gráficas e inmuebles, es accionista principal del centro Euro fórum de El Escorial (Madrid) y dueña de la finca San Huberto.

* Mirta María Giesso Cazenave. Otra viuda, ésta de Graciano Álvarez (muerto en 2000), ostenta el 5,63% de Prosegur, a través de la sociedad AS de Inversiones, con sede en el barrio de Salamanca de Madrid, en la que participan también sus cuatro hijas.

* MassMutual Finantial Group. Es el nombre comercial de Massachusetts Mutual Life, pilar de la industria financiera en EEUU. Participa en Prosegur a través de su fondo Openheimer (5,66%). MassMutual es, además, propietaria de Barings, un legendario fondo de inversión con 250 años de historia, cuya oficina española controla el 64% de Casesa, quinta compañía del sector, donde es socio minoritario Francisco Javier García Saldaña. Casesa es una de las empresas que explotaba el servicio de escoltas en el País Vasco.

* Mónica de Oriol e Icaza. Es la primera mujer que preside el Círculo de Empresarios. Ostenta el 41,8% de Seguriber-Umano, en sociedad con Antares, propiedad de otras familias prósperas asentadas en el País Vasco (Velasco, Aristrain, Gorbeña y Riberas). Azote sindical, Oriol se sienta en el consejo de Indra, es madre de seis hijos y forma parte de una de las dinastías -los Oriol- más tradicionales del País Vasco, bisnieta del fundador de Talgo y sobrina de ex presidente de Iberdrola. Está casada en segundas

nupcias con Alejandro Aznar Sainz, dueño de la Naviera Aznar y las Bodegas Marqués de Riscal, y socio minoritario de la embotelladora ibérica de Coca-Cola.

* Gustaf Douglas y Melker Slöring. Ambos pertenecen a la aristocracia empresarial sueca y entre los dos controlan el 41,33% del accionariado de Securitas AB, matriz de Securitas, la segunda compañía del sector en España. Douglas también ejerce como político en el partido conservador sueco, y es un activo filatélico. A su vez, Slöring es el quinto más rico de su país gracias a su holding inversor MSAB, primer socio de la tecnológica Hexagon.

* MCH Capital. El fondo español de inversión MCH controla la mayoría del accionariado de Segur Ibérica, tercera firma del sector por facturación, que fue presidida por Pedro Morenés antes de que Rajoy le nombrara ministro de Defensa. MCH está especializado en aglutinar capital de particulares -aunque se desconoce de cuáles- que desean invertir en compañías para su posterior venta con plusvalías.

* Corpfin Capital. La firma de inversión participada por las familias Oriol Díaz-Bustamante, Gandarias, Sarasola Jáudenes -Borja Sarasola es consejero de Medio Ambiente y Territorio (urbanismo) en la Comunidad de Madrid-, Lavilla y Álvarez Navarro (Santa Lucía) es otro de los puntales del capital riesgo español. Desde 2004, dos de sus fondos suman el 36% de Segur Ibérica, con 7.000 empleados, cuyo consejero delegado dimitió el mes pasado por el caso Adif. Corpfin también fue socia (38%) de Sagital entre 1993 y 2000.

* Familia Álvarez. De los 78.000 empleados que suma la multinacional Eulen, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El octogenario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En esa lucha, cinco de sus hijos se enfrentan al patriarca familiar y sólo dos hijos le son fieles. El culebrón dura ya cinco años.

* Enrique Sánchez González. Es el socio mayoritario (72%) de Segurisa y de Sagital, que da nombre a su grupo de empresas. Viejo conocido de Florentino Pérez, de los tiempos de UCD, formación con la que fue diputado por Madrid, Sánchez fue portavoz del Real Madrid y ejerce como directivo y vicepresidente de la Fundación del club. Sus empresas custodian, por ejemplo, las instalaciones del Canal de Isabel II.

* Tirso y Alfonso Tomás Herrero. Son los propietarios del Grupo Falcon, antigua división de seguridad de FCC, creada para la vigilancia de sus instalaciones y que se segregó a finales de los años 90 del grupo controlado por Esther Koplowitz.

* La Once. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es propietaria de Vigilancia de Instalaciones (Vinsa), otra de las grandes del sector, englobada dentro del grupo de servicios Alentis.

sábado, 19 de abril de 2014

La Gran mentira.


LA GRAN MENTIRA DEL ACUERDO DE CONGELACIÓN SALARIAL PARA MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO.

CASESA despide a 13 trabajadores con la firma de UGT y USO

Tras solo tres días de negociación el ERE ha sido suscrito por el dúo dinámico UGT Y USO y la empresa.

Las tres partes, UGT, USO y Casesa, han acordado, el 14 de Abril, el despido de 13 trabajadores de distintas delegaciones de la empresa, además de facilitar la reducción de salario y cambio de puesto de trabajo o categoría laboral a otros tantos.

Hay que recordar que el pasado 21 de Febrero las patronales firmantes de la renegociación del Convenio, entre las que se encuentra esta empresa, adquirieron el compromiso, en el acuerdo ante el SIMA, de paralización de aquellos procesos de despidos colectivos (ERE) que estuvieran por iniciarse.

Claramente no lo ha cumplido y al igual que en el recorte de salarios por renegociar el Convenio firmado para el 2014, los sindicatos UGT y USO, han prestado, una vez más, su consentimiento.

Recortan nuestros salarios, no garantizan el empleo y despiden más barato, sin existir causa económica alguna.

lunes, 14 de abril de 2014

Juan Pedro del Castillo.

Carta de Juan Pedro del Castillo, a los trabajadores de Alerta y Control... Esto ya es lo que faltaba... Vaya tela...


    Desde la dirección de la empresa se ha enviado una carta a algunos de los trabajadores de Alerta, en la que el Director General del Grupo PJC. Sr. D. Juan Pedro del Castillo, en la que hacía referencia a la mala situación por la que está pasando la empresa, (como todas las empresas a nivel nacional), en esta misiva se nos hacía culpables de no haber llegado a un acuerdo, cuando fueron ellos los que nos pusieron a los pies de los caballos, ¿elegir entre que? ¿sobre que?, el Convenio aún se encontraba en un conflicto colectivo, por lo que no había tablas salariales fijas, el Director financiero, nos dijo que no iban a aceptar nada que no supusiera menos de un 10% de beneficios, para la empresa, que no aceptaría nada de lo que se registrara en el SIMA, ( Conflicto de convenio día 28.) firmada por su asociación, de la este es parte de la dirección.
    Ahora el Sr. Del Castillo si está dispuesto a negociar ¿no?, ahora que le estamos viendo las orejas al Lobo, después de haber revisar la información económica facilitada y solicitada a la empresa por un asesor financiero y un abogado expertos en esta materia, los que nos informaron que no existe motivo para cargar a los trabajadores con el gravamen de una mala gestión, con lo que no es tan grave como nos lo quieren apuntar.






Nueva Ley de Seguridad Privada



 

OPINIÓN DEL SLS SOBRE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

EL MOMENTO DE RECAPITULAR

 

Después de un largo periodo de tramitación, después de intensa polémica y de un extenso debate político y mediático, el día 5 de abril de 2014 se publico definitivamente en el BOE la nueva Ley de Seguridad Privada.

Desde hace tiempo desde el SLS hemos ido manifestando nuestra opinión sobre la Ley, aunque aún falta el Reglamento de desarrollo y aunque aún no podemos conocer el alcance practico de algunas de sus novedades, creemos que ya podemos emitir un análisis resumido sobre la situación en la que se ha gestado la Ley y sobre lo que puede suponer para los trabajadores, a partir de ahora, la aplicación esta refrescada norma sectorial.

Nuestra actividad principal es la acción sindical pero, en un sector como el nuestro, el conocimiento de las normas profesionales y su desarrollo histórico, es fundamental a la hora de comprender el origen de los muchos de los problemas laborales más frecuentes de la profesión de vigilantes de seguridad.

Resumidamente podemos repetir lo que ya hemos dicho con anterioridad sobre esta Ley. Estamos convencidos que la iniciativa del gobierno decidió afrontar este cambio legal, procedía más de la necesidad de recapitular y ordenar la gran cantidad de normas dispersas que habían ido surgiendo desde el año 1992 hasta la fecha, que de una presunta intencionalidad política privatizadora y restrictiva en derechos ciudadanos, propia de la ideología autoritaria del gobierno actual. Desde los medios de comunicación, al igual que desde algunos partidos políticos y sindicatos tradicionales y policiales, se han hecho muchos juicios equivocados, improcedentes, cínicos y tendenciosos sobre lo que podría suponer esta Ley. Nosotros ya dijimos que no comprendíamos este debate tardío sobre un tema que cuestionaba la existencia misma del sector, después de casi 40 años de su funcionamiento legal, totalmente regulado y comúnmente aceptado. Este cuestionamiento promovido desde los medios de comunicación, de todas las tendencias, han conseguido trasladar, más que nunca, una imagen negativa del sector y de sus trabajadores. Ya no nos sorprende nada esta campaña de descredito, estamos cada día más acostumbrados a sus frívolas e irresponsables  manipulaciones, ya sabemos muy bien sus prioridades van orientadas siempre a mantener su negocio y que la verdadera realidad nunca les va a impedir estropear un suculento titular, aunque esto suponga poner en peligro la estabilidad laboral y la seguridad profesional de los trabajadores.

Nos resulta desconcertante que ahora cuestionen la naturaleza misma de la seguridad privada muchos de aquellos políticos de cualquier ideología que, en su día, promocionaban la extensión modernizada, coordinada y subordinada de esta actividad. Pero bueno, después de lo que estamos comprobando sobre la credibilidad actual de la clase política de este país, ya no nos extrañan nada sus incoherencias y sus olvidos selectivos. Nos ha dejado de sorprender también la posición desconcertante de UGT y CC.OO. sobre este tema, los representantes de estos sindicatos en este sector decían una cosa y sus superiores decían otra muy distinta y contraria al reconocimiento que este sector ya tiene en la sociedad actual, aunque ellos parezca que ahora, muy oportunamente, les cueste aceptarlo y no lo quieran asumir. En fin nada nuevo que podamos decir de unos sindicatos que menosprecian a sus propios afiliados y que solo cuentan con los trabajadores de seguridad para usar su fuerza sindical para ejercicios de acción, también importantes, pero ahora menos prioritarios para las necesidades urgentes de su sector.

De los sindicatos policiales podríamos entender sus temores en el caso de que alguna vez se hubieran materializado y si realmente, alguna vez se hubieran privatizado, o desviado sus competencias, pero esto no ha sido así y creemos que, en el futuro, va a ser imposible que lleguen a consumarse sus temores de perder lo que, en el fondo, resultan ser, y ellos quieren que sigan siendo, sus privilegios funcionales y funcionariales. Es inadmisible e injusto que ahora quieran usar lo que ellos creen como falta de profesionalidad de los vigilantes, para oponerse a los problemas que ellos interpretan que les propone la nueva ley. La desinformación que han demostrado y la vehemencia corporativa con la que se han manifestado en contra de las supuestas competencias que los vigilantes dicen que les vamos a restar, demuestra que su capacitación no está a la altura de preparación deseable para un servidor público. Con toda seguridad, hay muchos vigilantes que, para funciones coincidentes con las de los policías, están mejor preparados que ellos, así se demuestra cuando comprobamos su preocupante desconocimiento del tema, su insolidaridad manifiesta y cuando escuchamos las argumentaciones simplificadoras que los sindicatos policiales utilizan cuando califican la labor de los vigilantes de seguridad.

Los trabajadores de este sector, hemos asistido indignados a un disputa que nos afectaba inesperadamente. A todos nos ha sorprendido y enojado la falta de reconocimiento general hacia a nuestra labor, hemos tenido que soportar la falta de respeto a la verdad, el desentendimiento grosero para con la historia legal del sector y hemos tenido que aguantar la falta de credibilidad de las gruesas afirmaciones que se han venido vertiendo sobre nuestra esforzado y mal retribuido trabajo.

Existía una necesidad imperiosa de ubicar socialmente al sector, era ya obligatoria la actualización de sus competencias. La cada vez más implacable Unión Europea, desde hace tiempo, venia requiriendo a todos los países la obligación de armonizar sus leyes de seguridad privada. En distintas ocasiones se ha condenado a sucesivos y diferentes gobiernos españoles, a proceder a cambiar aspectos fundamentales de la Ley para que esta estuviera a la altura de algunos de los principios fundamentales de la Unión, como son los de la libre circulación de servicios, trabajadores y capitales. El gobierno actual estaba forzado a recomponer la dispersión de normas y adaptarlas a la nueva realidad sectorial comunitaria. Era necesario también reconocer las reclamaciones pendientes de traslado de competencias a las Comunidades Autónomas y, sobre todo, era necesario recoger todos los pronunciamientos judiciales, que han ido apareciendo durante todos estos años, relativos al papel del sector y la equiparación de protección legal y subordinada de sus trabajadores a la hora de colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado. También el gobierno necesitaba ya, dar respuesta a las reivindicaciones legales históricas que se han venido trasladando desde los diferentes colectivos del sector, incluidos los propios sindicatos.

Todo este intenso debate que como ya hemos dicho, ha estado centrado principalmente aspectos relativos a la supuesta ampliación de competencias y de la supuesta cesión del Estado de sus controles de seguridad en manos de sus amigos de las empresas de seguridad privada.

También ha sido muy intenso la discusión sobre hasta dónde podía llegar la interpretación de lo de la protección que supuestamente otorga la condición de ser agente de la autoridad. No se ha resuelto con claridad esta cuestión y creemos que por su importancia y por toda la polémica que ha generado, ahora y siempre en el sector, necesita un diferenciado de lo que ahora queremos tratar.

No vamos a profundizar ahora en otros tecnicismos y en otros cambios importantes que afectan a otras colectivos y a otras actividades de seguridad. A nuestro entender, hay un tema que parece convertir en ligeros otros cambios legales. Este jaleo que se ha montado con algunos de los temas que han centrado la atención general hacia la nueva ley, ha servido para ocultar una de las cuestiones que realmente ponen en peligro lo que siempre se ha entendido como el campo de actuación de las empresas de seguridad privada. La discusión se ha centrado en temas que versaban sobre el posible deterioro del deber de proporcionar seguridad a los ciudadanos que tiene el estado, si repasamos bien las nuevas disposiciones de la ley, podemos ver que en el artículo 6.2 de la misma, se recoge una cuestión que no se recogía en la anterior legislación y que para nosotros tiene una importancia central; y es que ahora se contempla la posibilidad de que bajo la personalidad jurídica de una empresa de seguridad puedan prestarse servicios con personal auxiliar y sin habilitar. Esta disposición, aunque parece que se ha redactado con una calculada ambigüedad y aunque aún no podemos calcular su alcance, supone el reconocimiento, antes inexistente, de la de la presencia de las  empresas de servicios auxiliares y la aceptación de la posibilidad de que los empleados de estas, compatibilicen, o claramente ejerzan, labores que han hecho siempre los vigilantes de seguridad. Ahora en la ley se incorporan conceptos que antes no se reconocían, como es el del intrusismo pero, por otro lado, se introducen cuestiones nuevas que siempre han sido un peligro para la continuidad y para legalidad del sector, porque suponían un desvió de actividad de seguridad, reconocida y mejor retribuida, hacia actividades sin control policial y con condiciones laborales de precariedad extrema.

Después de tantos años luchando para que no se desviaran servicios de seguridad a servicios auxiliares, después de tanto tiempo denunciando el intrusismo y después de comprobar la inacción permanente del Ministerio de Interior a la hora de trabajar en la erradicación del verdadero problema causante del deterioro de la seguridad, ahora comprobamos que, no solamente se ha perdido la oportunidad de aclarar el tema, si no que se ha aprovechado la ocasión para dar cobertura a una reclamación histórica de los clientes de seguridad de reconvertir, sin las limitaciones anteriores, servicios de puros de vigilancia en servicios que a ellos les dan más operatividad y les suponen menores costes. Servicios que antes les suponían serios riesgos de incumplimiento legal, ahora se reconocen legalmente, de tal forma que pueden evitarse muchas de las sanciones que antes les preocupaban. Este cambio promueve claramente la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores; en definitiva,  de forma indirecta, se ha reconocido en la ley esa moderna y perversa tendencia al abaratamiento de los salarios y de la contratación que ha puesto tan de moda el actual gobierno, Todo esto ha sucedido mientras se discutían temas que tienen su importancia, pero que amenazan de forma menos peligrosa al futuro de los trabajadores de seguridad privada.

Es triste comprobar lo equivocados que están muchos cuando hablan de cuestiones que nos incumben y es lamentable también comprobar cómo se ha prejuzgado erróneamente a un colectivo de trabajadores que, aun a pesar de lo que muchos creen, nosotros estamos seguros que ya han salido perjudicados cuando se han difundido tantas falsedades pero, creemos que, en el futuro, se verán aún más perjudicados por todas esas medidas que se ocultan entre las esa serie de cuestiones que otros han querido dar una importancia menor.

Habrá que seguir trabajando, desde ya, en algunas de las labores que ya veníamos trabajando, aunque la ley haya complicado las cosas y aunque tengamos que cambiar de formas de acción.

Podemos concluir que la nueva ley no nos facilita la tarea y, como ya hemos dicho, se desaprovechado una  importante oportunidad para aclarar una buena cantidad de asuntos pendientes que afectan, de forma muy directa, al futuro laboral de los trabajadores de este sector.

 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                      

jueves, 10 de abril de 2014

Deposito de la licencia.


DEPOSITO DE LA LICENCIA DE ARMAS

-DEPOSITADA Y CADUCADA PODRÁ RECUPERARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA ELLO :


Algunas empresas del sector,por requerimiento de la Guardia Civil, están solicitando las licencias de armas a los V.S para su depósito.

Referente a la licencia de armas tipo C, su posesión y deposito; y según un informe técnico de la Intervención Central de Armas y Explosivos y de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, pueden incurrir tres supuestos:


SUPUESTO 1: Vigilante de Seguridad que se encuentra prestando servicio con arma, realizará dos ejercicios de tiro al año.


SUPUESTO 2: Vigilante de Seguridad que tiene licencia de armas depositada en la Comandancia de la Guardia Civil, no presta servicio con arma y dicha licencia se encuentra en vigor, realizará un ejercicio de tiro al año.



SUPUESTO 3: Vigilante de Seguridad que tiene la licencia de armas depositada en la Comandancia de la Guardia Civil, no presta servicio con arma y dicha licencia ha caducado.

El informe técnico viene a decir lo siguiente:

"Las licencias del tipo C, no caducan ni tienen que ser renovadas, pero para conceder este tipo de licencias (C) o bien para mantenerlas , es necesario cumplir con una serie de requisitos que vienen regulados en el Reglamento de Seguridad Privada en sus artículos 84 y 85 (superar los ejercicios de tiro y las pruebas psicotecnias)"

Así pues, solo habría cierto contratiempo en el supuesto 3, en el cual la licencia se encuentra temporalmente suspendida.

En estos casos si el trabajador tuviera que recuperar la licencia para realizar servicios con arma, tendrían que cumplirse los siguientes requisitos:

> Superar los ejercicios de tiro obligatorios.
> Certificado pruebas psicotecnicas.
> Certificado o informe de la empresa donde especifique donde se va a prestar el servicio con arma.

Por ello debe interpretarse, que aunque la licencia se encuentre depositada y caducada, NO SE PIERDE.

Cuando el interesado vuelva a realizar un servicio con arma, simplemente deberá acreditar los requisitos antes citados y podrá recuperar la licencia actualizada.

Así las cosas, NUNCA DEBE FIRMARSE DOCUMENTO ALGUNO EN EL QUE SE REFIERA A LA RENUNCIA DE LA LICENCIA.

En caso de requerimiento de la licencia por parte de la empresa para su depósito en la Guardia Civil, debe revisarse que se trata precisamente de un deposito y no de una renuncia. Además deberá exigirse a la empresa copia del documento de entrega a la Guardia Civil.

viernes, 4 de abril de 2014

Cuota afiliado


DECLARACIÓN DE IRPF DE LA CUOTA DE AFILIACIÓN

Adjuntamos información sobre la declaración de la renta del ejercicio 2013 con las cantidades abonadas al SLS en el año pasado.

Las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos podrán ser objeto de reducción en la base imponible con un límite máximo de 600 euros anuales.

CUOTAS ABONADAS AL SLS

CUOTA NORMAL: 10,00 EUROS

CUOTA DESEMPLEADO: 5,00 EUROS
La deducción se aplicará por el numero de meses en el que uno haya estado afiliado. En el caso de la cuota normal y si estuvo afiliado todo el año, el total de es de 120,00.

Para aplicarse la deducción no es necesaria ninguna certificación, salvo que exista un requerimiento de la propia agencia tributaria.

SIMA ALERTA Y CONTROL



CERRADO SIN ACUERDO EN EL SIMA EL DESCUELGUE DE ALERTA Y CONTROL
La empresa ALERTA Y CONTROL, después de haber pasado por todas las fases legales previstas para el descuelgue salarial y después de haber comprobado el rechazo contundente, a través de varias manifestaciones de sus trabajadores, contra esta medida de severo recorte salarial, parece que no quieren entender que los afectados están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para no perder más de lo que ya han perdido este año con la firma del vergonzoso acuerdo salarial firmado por UGT y USO.
Todos los sindicatos presentes en la Mesa de negociación de forma unánime, han venido rechazando esta pretensión de la empresa, los compañeros del SLS hemos participado activamente en esta campaña de movilizaciones y, por lo que estamos viendo, vamos a tener que seguir presionando a esta empresa que parece no entender la negativa que sus trabajadores les mostramos constantemente y parece que no entienden tampoco la falta de apoyos que cuenta entre el resto de empresas del sector. Todas la patronales, incluso a la que pertenece ALERTA Y CONTROL, están decididas a no aceptar el descuelgue.
No sabemos que es lo que la empresa puede hacer ahora, seguramente recurrirán al siguiente órgano oficial de control de estos temas: la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Estaremos alertas y controlando los movimientos de esta empresa y os iremos informando y convocando contra este disparate que quiere cometer la empresa.


jueves, 3 de abril de 2014

Presentación SLS

El SINDICATO LIBRE DE SEGURIDAD- SLS nace por la unión de un grupo de trabajadores que hartos de ver como se están vulnerando constantemente los derechos laborales por parte de la patronal y viendo que los grandes sindicatos son sus cómplices directos, es por lo que finalmente decidimos organizarnos creando el SLS, para frenar la barbarie que se está sufriendo en muchas empresas y sectores de este país. Para ello lo primero que nos hemos planteado es ver qué es lo que sucede para que otros trabajadores con la condición de representantes de los mismos, firmen acuerdos que cualquiera entiende como inadmisibles y perjudiciales para los intereses de los trabajadores, quedando claro que lo hacen por sus intereses personales sin importarles lo que les suceda al resto de los trabajadores y viendo que en muchas empresas estos representantes están puestos por la propia empresa, y sin que los sindicatos vigilen lo que están firmando o haciendo, ya que lo único que les interesa a éstos es el número de delegados que sacan en las elecciones de cada empresa y que repercute en sus intereses económicos, aprovechándose cualquier gobierno y patronal de la legislación que existe actualmente para tenerlos controlados.
El objetivo de SLS es hacer un sindicalismo limpio, transparente, posible, contundente y libre, sin estar sujetos a las subvenciones del estado ni a las órdenes de la patronal, ya que no buscamos el crecer a cualquier costa, sino defender realmente los derechos de los trabajadores ahí donde estemos, y que cuando se oiga que SLS está en cualquier tema, estén todos seguros de que van a ser defendidos como realmente se merecen, sin ningún tipo de miedo como están sufriendo actualmente en muchas empresas y sectores.
Otro problema que están sufriendo los  trabajadores en general, es la deficiente defensa jurídica que obtienen en  muchos casos, ya que en ocasiones ya se ha podido ver a los abogados de los  grandes sindicatos acudir a juicio en contra de los intereses de los trabajadores, al haber sido por ejemplo firmado un ERE ilegal por los representantes que hablábamos antes y tener que ser defendidos sus acuerdos por los abogados de sus sindicatos aun yendo en contra de los intereses de los trabajadores.