Nueva Ley de Seguridad Privada

 

OPINIÓN DEL SLS SOBRE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

EL MOMENTO DE RECAPITULAR

 

Después de un largo periodo de tramitación, después de intensa polémica y de un extenso debate político y mediático, el día 5 de abril de 2014 se publico definitivamente en el BOE la nueva Ley de Seguridad Privada.

Desde hace tiempo desde el SLS hemos ido manifestando nuestra opinión sobre la Ley, aunque aún falta el Reglamento de desarrollo y aunque aún no podemos conocer el alcance practico de algunas de sus novedades, creemos que ya podemos emitir un análisis resumido sobre la situación en la que se ha gestado la Ley y sobre lo que puede suponer para los trabajadores, a partir de ahora, la aplicación esta refrescada norma sectorial.

Nuestra actividad principal es la acción sindical pero, en un sector como el nuestro, el conocimiento de las normas profesionales y su desarrollo histórico, es fundamental a la hora de comprender el origen de los muchos de los problemas laborales más frecuentes de la profesión de vigilantes de seguridad.

Resumidamente podemos repetir lo que ya hemos dicho con anterioridad sobre esta Ley. Estamos convencidos que la iniciativa del gobierno decidió afrontar este cambio legal, procedía más de la necesidad de recapitular y ordenar la gran cantidad de normas dispersas que habían ido surgiendo desde el año 1992 hasta la fecha, que de una presunta intencionalidad política privatizadora y restrictiva en derechos ciudadanos, propia de la ideología autoritaria del gobierno actual. Desde los medios de comunicación, al igual que desde algunos partidos políticos y sindicatos tradicionales y policiales, se han hecho muchos juicios equivocados, improcedentes, cínicos y tendenciosos sobre lo que podría suponer esta Ley. Nosotros ya dijimos que no comprendíamos este debate tardío sobre un tema que cuestionaba la existencia misma del sector, después de casi 40 años de su funcionamiento legal, totalmente regulado y comúnmente aceptado. Este cuestionamiento promovido desde los medios de comunicación, de todas las tendencias, han conseguido trasladar, más que nunca, una imagen negativa del sector y de sus trabajadores. Ya no nos sorprende nada esta campaña de descredito, estamos cada día más acostumbrados a sus frívolas e irresponsables  manipulaciones, ya sabemos muy bien sus prioridades van orientadas siempre a mantener su negocio y que la verdadera realidad nunca les va a impedir estropear un suculento titular, aunque esto suponga poner en peligro la estabilidad laboral y la seguridad profesional de los trabajadores.

Nos resulta desconcertante que ahora cuestionen la naturaleza misma de la seguridad privada muchos de aquellos políticos de cualquier ideología que, en su día, promocionaban la extensión modernizada, coordinada y subordinada de esta actividad. Pero bueno, después de lo que estamos comprobando sobre la credibilidad actual de la clase política de este país, ya no nos extrañan nada sus incoherencias y sus olvidos selectivos. Nos ha dejado de sorprender también la posición desconcertante de UGT y CC.OO. sobre este tema, los representantes de estos sindicatos en este sector decían una cosa y sus superiores decían otra muy distinta y contraria al reconocimiento que este sector ya tiene en la sociedad actual, aunque ellos parezca que ahora, muy oportunamente, les cueste aceptarlo y no lo quieran asumir. En fin nada nuevo que podamos decir de unos sindicatos que menosprecian a sus propios afiliados y que solo cuentan con los trabajadores de seguridad para usar su fuerza sindical para ejercicios de acción, también importantes, pero ahora menos prioritarios para las necesidades urgentes de su sector.

De los sindicatos policiales podríamos entender sus temores en el caso de que alguna vez se hubieran materializado y si realmente, alguna vez se hubieran privatizado, o desviado sus competencias, pero esto no ha sido así y creemos que, en el futuro, va a ser imposible que lleguen a consumarse sus temores de perder lo que, en el fondo, resultan ser, y ellos quieren que sigan siendo, sus privilegios funcionales y funcionariales. Es inadmisible e injusto que ahora quieran usar lo que ellos creen como falta de profesionalidad de los vigilantes, para oponerse a los problemas que ellos interpretan que les propone la nueva ley. La desinformación que han demostrado y la vehemencia corporativa con la que se han manifestado en contra de las supuestas competencias que los vigilantes dicen que les vamos a restar, demuestra que su capacitación no está a la altura de preparación deseable para un servidor público. Con toda seguridad, hay muchos vigilantes que, para funciones coincidentes con las de los policías, están mejor preparados que ellos, así se demuestra cuando comprobamos su preocupante desconocimiento del tema, su insolidaridad manifiesta y cuando escuchamos las argumentaciones simplificadoras que los sindicatos policiales utilizan cuando califican la labor de los vigilantes de seguridad.

Los trabajadores de este sector, hemos asistido indignados a un disputa que nos afectaba inesperadamente. A todos nos ha sorprendido y enojado la falta de reconocimiento general hacia a nuestra labor, hemos tenido que soportar la falta de respeto a la verdad, el desentendimiento grosero para con la historia legal del sector y hemos tenido que aguantar la falta de credibilidad de las gruesas afirmaciones que se han venido vertiendo sobre nuestra esforzado y mal retribuido trabajo.

Existía una necesidad imperiosa de ubicar socialmente al sector, era ya obligatoria la actualización de sus competencias. La cada vez más implacable Unión Europea, desde hace tiempo, venia requiriendo a todos los países la obligación de armonizar sus leyes de seguridad privada. En distintas ocasiones se ha condenado a sucesivos y diferentes gobiernos españoles, a proceder a cambiar aspectos fundamentales de la Ley para que esta estuviera a la altura de algunos de los principios fundamentales de la Unión, como son los de la libre circulación de servicios, trabajadores y capitales. El gobierno actual estaba forzado a recomponer la dispersión de normas y adaptarlas a la nueva realidad sectorial comunitaria. Era necesario también reconocer las reclamaciones pendientes de traslado de competencias a las Comunidades Autónomas y, sobre todo, era necesario recoger todos los pronunciamientos judiciales, que han ido apareciendo durante todos estos años, relativos al papel del sector y la equiparación de protección legal y subordinada de sus trabajadores a la hora de colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado. También el gobierno necesitaba ya, dar respuesta a las reivindicaciones legales históricas que se han venido trasladando desde los diferentes colectivos del sector, incluidos los propios sindicatos.

Todo este intenso debate que como ya hemos dicho, ha estado centrado principalmente aspectos relativos a la supuesta ampliación de competencias y de la supuesta cesión del Estado de sus controles de seguridad en manos de sus amigos de las empresas de seguridad privada.

También ha sido muy intenso la discusión sobre hasta dónde podía llegar la interpretación de lo de la protección que supuestamente otorga la condición de ser agente de la autoridad. No se ha resuelto con claridad esta cuestión y creemos que por su importancia y por toda la polémica que ha generado, ahora y siempre en el sector, necesita un diferenciado de lo que ahora queremos tratar.

No vamos a profundizar ahora en otros tecnicismos y en otros cambios importantes que afectan a otras colectivos y a otras actividades de seguridad. A nuestro entender, hay un tema que parece convertir en ligeros otros cambios legales. Este jaleo que se ha montado con algunos de los temas que han centrado la atención general hacia la nueva ley, ha servido para ocultar una de las cuestiones que realmente ponen en peligro lo que siempre se ha entendido como el campo de actuación de las empresas de seguridad privada. La discusión se ha centrado en temas que versaban sobre el posible deterioro del deber de proporcionar seguridad a los ciudadanos que tiene el estado, si repasamos bien las nuevas disposiciones de la ley, podemos ver que en el artículo 6.2 de la misma, se recoge una cuestión que no se recogía en la anterior legislación y que para nosotros tiene una importancia central; y es que ahora se contempla la posibilidad de que bajo la personalidad jurídica de una empresa de seguridad puedan prestarse servicios con personal auxiliar y sin habilitar. Esta disposición, aunque parece que se ha redactado con una calculada ambigüedad y aunque aún no podemos calcular su alcance, supone el reconocimiento, antes inexistente, de la de la presencia de las  empresas de servicios auxiliares y la aceptación de la posibilidad de que los empleados de estas, compatibilicen, o claramente ejerzan, labores que han hecho siempre los vigilantes de seguridad. Ahora en la ley se incorporan conceptos que antes no se reconocían, como es el del intrusismo pero, por otro lado, se introducen cuestiones nuevas que siempre han sido un peligro para la continuidad y para legalidad del sector, porque suponían un desvió de actividad de seguridad, reconocida y mejor retribuida, hacia actividades sin control policial y con condiciones laborales de precariedad extrema.

Después de tantos años luchando para que no se desviaran servicios de seguridad a servicios auxiliares, después de tanto tiempo denunciando el intrusismo y después de comprobar la inacción permanente del Ministerio de Interior a la hora de trabajar en la erradicación del verdadero problema causante del deterioro de la seguridad, ahora comprobamos que, no solamente se ha perdido la oportunidad de aclarar el tema, si no que se ha aprovechado la ocasión para dar cobertura a una reclamación histórica de los clientes de seguridad de reconvertir, sin las limitaciones anteriores, servicios de puros de vigilancia en servicios que a ellos les dan más operatividad y les suponen menores costes. Servicios que antes les suponían serios riesgos de incumplimiento legal, ahora se reconocen legalmente, de tal forma que pueden evitarse muchas de las sanciones que antes les preocupaban. Este cambio promueve claramente la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores; en definitiva,  de forma indirecta, se ha reconocido en la ley esa moderna y perversa tendencia al abaratamiento de los salarios y de la contratación que ha puesto tan de moda el actual gobierno, Todo esto ha sucedido mientras se discutían temas que tienen su importancia, pero que amenazan de forma menos peligrosa al futuro de los trabajadores de seguridad privada.

Es triste comprobar lo equivocados que están muchos cuando hablan de cuestiones que nos incumben y es lamentable también comprobar cómo se ha prejuzgado erróneamente a un colectivo de trabajadores que, aun a pesar de lo que muchos creen, nosotros estamos seguros que ya han salido perjudicados cuando se han difundido tantas falsedades pero, creemos que, en el futuro, se verán aún más perjudicados por todas esas medidas que se ocultan entre las esa serie de cuestiones que otros han querido dar una importancia menor.

Habrá que seguir trabajando, desde ya, en algunas de las labores que ya veníamos trabajando, aunque la ley haya complicado las cosas y aunque tengamos que cambiar de formas de acción.

Podemos concluir que la nueva ley no nos facilita la tarea y, como ya hemos dicho, se desaprovechado una  importante oportunidad para aclarar una buena cantidad de asuntos pendientes que afectan, de forma muy directa, al futuro laboral de los trabajadores de este sector.